La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) manifestó su profunda preocupación por la incertidumbre que está generando la consulta pública sobre la definición de “sitios prioritarios para la conservación”, impulsada en el marco de la nueva Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur.

Desde la federación advirtieron que esta medida podría convertirse en una nueva barrera para la inversión y el desarrollo de actividades productivas sostenibles, afectando de manera directa al turismo, un sector estratégico para la generación de empleo, divisas y desarrollo en las regiones.

“Nos preocupa que esta iniciativa, sin una adecuada evaluación de impacto y sin claridad en los criterios técnicos que la sustentan, termine afectando proyectos turísticos y territorios con vocación para el desarrollo sustentable. El riesgo es que se transforme en una nueva normativa que frene el crecimiento económico del país, justo cuando necesitamos atraer inversiones, recuperar el dinamismo y fortalecer la creación de empleo”, señaló Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur.

La dirigente gremial recordó que el turismo es una actividad intrínsecamente vinculada a la naturaleza y la conservación, por lo que es fundamental que las políticas ambientales se construyan con participación y diálogo intersectorial, evitando la incertidumbre regulatoria que tanto daño le ha hecho a la inversión privada en Chile.

La declaración de 99 sitios prioritarios bajo la Ley 21.600, incluye destinos emblemáticos como San Pedro de Atacama (que abarca los Géiseres del Tatio y el Licancabur) y el fenómeno del Desierto Florido de Atacama en la zona norte y Nevados de Chillán, Mocho-Choshuenco y Lago Budi en la zona sur.

Desde Fedetur y su Comité de Sostenibilidad expresaron su inquietud ante las restricciones que podrían frenar proyectos de turismo sostenible, precisamente aquellos que permiten financiar la conservación, fortalecer el desarrollo local y la identidad cultural de los territorios. Un efecto quizás no buscado de este proceso es que puede terminar perjudicando iniciativas de conservación activa que justamente son impulsadas por actores turísticos locales. Hay varios ejemplos donde comunidades indígenas, asociaciones de guías o empresas ecoturísticas han asumido un rol activo en proteger el patrimonio natural y cultural, integrando dichos esfuerzos en su oferta turística. Estas iniciativas van desde la creación de reservas privadas o comunitarias hasta proyectos de reintroducción de especies, restauración ecológica o vigilancia comunitaria contra la caza furtiva, todo financiado parcial o totalmente por ingresos del turismo.

El turismo sostenible genera empleo, impulsa economías locales y reinvierte ingresos en la restauración ecológica, como ocurre en parques nacionales y reservas de la biosfera, pero la falta de claridad en los criterios de la ley SBAP y la ausencia de mecanismos transitorios amenazan con paralizar iniciativas en áreas clave, afectando directamente a las comunidades que dependen de esta actividad.

Por ello, Fedetur plantea un diálogo inclusivo que incorpore al sector turístico en la planificación de los sitios prioritarios y la definición de sus reglamentos, y propone avanzar hacia regulaciones que incentiven la inversión en infraestructura ecológica y la participación comunitaria, para que así el turismo sostenible se consolide como un aliado estratégico de la conservación.

 “Chile no puede seguir multiplicando normativas que por falta de claridad, o exceso de burocracia, terminan paralizando inversiones, generando desconfianza e incentivando la informalidad. El turismo requiere reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo. Estamos disponibles para contribuir a ese equilibrio”, concluyó Zalaquett.